7 agosto, 2022

Derecho de Salud (México)

Con el fin de obtener condiciones que permitan a las mujeres-jóvenes decidir sobre su salud sexual y reproductiva el Estado está obligado a orientar sus esfuerzos para atender el embarazo adolescente y la violencia obstétrica, para prevenir las muertes maternas, garantizar el acceso de las mujeres al seguro social y despenalizar la interrupción del embarazo.

En 2017 (solo en México) más de 390 mil niñas y adolescentes se convirtieron en madres, esto equivale a uno de cada seis nacimientos ocurridos en el país, en promedio al día solo en 2017 hubo dos nacimientos de madres entre los 10 y 11 años de edad. (Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE)

Gire publicó el informe: “La Pieza Faltante, Justicia reproductiva” donde especifica temas que deben de ser prioritarios por el Estado para garantizar la salud sexual y reproductivas de las mujeres. Este indica que este número elevado de embarazos en niñas y adolescentes no sólo debe asociarse con el inicio temprano de la vida sexual o falta de información sobre uso y acceso a anticonceptivos, también se tienen que considerar los altos índices de violencia sexual. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, 10 por ciento de las mujeres que reportaron haber tenido un embarazo adolescente vivieron violencia sexual.

Ante este contexto GIRE defiende que la despenalización de la interrupción del embarazo es una deuda que tienen el Estado con las mujeres, pues señala que mientras “se siga considerando como un delito en lugar de un servicio de salud” las mujeres seguirán colocando sus vidas en riesgo. Las propuestas legislativas actuales que se discuten sobre la despenalización han generado que los grupos conservadores impulsen reformas a las constituciones estatales para “proteger la vida desde el momento de la concepción”. De 2012 a 2016 en México se han registrado 4 mil 283 muertes maternas, es decir, en promedio mueren 857 mujeres al año y dos al día por causas prevenibles durante el proceso obstétrico. Estas fallas en el sistema de salud tienen un impacto particular para las mujeres de comunidades indígenas, en 2015 un 11 por ciento del total de muertes maternas en el país correspondieron a esta población.

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